EL TRATADO ANTÁRTICO

La Antártida representa aproximadamente dos tercios de las reservas totales de agua dulce del planeta. Tanto el continente, 98 por ciento del cual se halla bajo una gruesa capa de hielo, como el Mar Antártico que la rodea; albergan un ecosistema único y frágil que debe ser preservado.

En el año 1959, Año Geofísico Internacional (IGY), en plena Guerra Fría, 12 países acordaron cooperar para la realización de una serie de investigaciones en el Continente Antártico. Como resultado, estos 12 países (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos y la URSS) negociaron el Tratado Antártico que se firmó en Washington ese año y entró en vigencia en 1961.

El tratado reserva al continente antártico para usos pacíficos, prohibiendo las actividades militares, aunque el personal militar puede utilizarse para apoyar los programas científicos. Todo reclamo sobre el territorio quedó entonces congelado mientras el acuerdo estuviera en vigencia. También se prohibieron las pruebas nucleares y la utilización de la Antártida como basurero nuclear. Además, todas las instalaciones, barcos y aeronaves están sujetas a inspecciones por parte de observadores nombrados por acuerdo de las partes.

Cualquier país que pertenezca a las Naciones Unidas puede formar parte del Tratado Antártico. Cuarenta y cinco países se han unido al mismo representando el 80 % de la población mundial. El Tratado clasifica a los Estados miembros en tres categorías: los firmantes originales; los países consultivos, que poseen una base o un programa de investigación en el continente; y los países no consultivos u observadores. Todos los países consultivos, 27 en total, tienen derecho a un voto en las reuniones del Tratado Antártico. Las ATCMs o Antarctic Treaty Consultive Meetings, se realizan comúnmente una vez al año y constituyen una eficaz forma de tomar decisiones para la protección del continente. Estas, tienen que contar con la aprobación de los 27 países consultivos para poder ser adoptadas. Desde 1961, los países consultivos se han turnado para ser sede de las ATCMs.

En 1991 se firmó el Protocolo de Madrid que establece medidas para la protección ambiental y declara a la Antártida como “reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia”. Incluye la prohibición de actividades mineras, la realización de estudios de impacto ambiental obligatorios, regulaciones para la protección de la flora y la fauna, manejo de desechos y prevención contra la contaminación. Sin embargo, el protocolo no hace referencia a la protección de los recursos vivos marinos. La fauna del Océano Antártico ha sido intensamente explotada. Entre sus recursos más importantes se destaca el Krill, base de la cadena alimentaria marina austral; también debemos señalas la existencia de focas, ballenas y peces como la merluza negra, que es intensamente explotada actualmente en forma legal e ilegal.

Imágenes: Fundación Marabio - http://www.marambio.aq/